El astillero español Cardama, en respuesta a la reciente cancelación del contrato por las patrulleras oceánicas por parte del gobierno de Yamandú Orsi, presentó sus objeciones formales al Estado uruguayo el pasado 13 de marzo. En el documento, al que tuvo acceso Subrayado, la empresa describió la conducta estatal como «incongruente» y «una improvisación prepotente», calificando la anulación del acuerdo como «ilegítima». El escrito acusa al Estado uruguayo de un «proceder abusivo y malintencionado», sugiriendo que nunca hubo un interés genuino en considerar sus argumentos.
Cardama además argumenta que la intención de Uruguay de reclamar indemnizaciones por incumplimiento contractual es el resultado previsible de una gestión que describe como «errática, confusa e incorrecta», y que denota «actitudes tozudas» y un «desprecio por la legalidad». La compañía exige al gobierno uruguayo que tome las medidas necesarias para remover de sus instalaciones las secciones ya construidas de las patrulleras, enfatizando que estas «ocupan una parte significativa» de su astillero y necesitan ser retiradas.
Esta situación provocó la reacción del diputado Gerardo Sotelo, perteneciente al Partido Independiente, quien manifestó su preocupación en la red social X. Sotelo planteó una serie de posibles repercusiones negativas, incluyendo un inminente arbitraje internacional, una eventual compensación económica a la empresa, un duplicado en el costo final de las patrulleras, y una posible desprotección del frente marítimo uruguayo frente a actividades ilícitas de narcotraficantes y pescadores chinos. El legislador concluyó su mensaje con una crítica velada: «Pensaron en todo, menos en los intereses del país.»
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