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La CAU le levantó la sanción a Déborah Rodríguez, que podrá competir en el Panamericano y agradeció a Peñarol por la "contención" en el proceso
TÍTULO: Déborah Rodríguez Confirmada para el Panamericano Tras el Levantamiento de su Sanción, Agradece a Peñarol por su «Contención»
CUERPO:
La atleta olímpica Déborah Rodríguez ha sido rehabilitada para competir en el próximo Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín, después de que la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) revocara la sanción preventiva que le había impuesto su presidente, Iván García. Tras la resolución, Rodríguez expresó su gratitud a Peñarol por el apoyo incondicional durante el proceso, asegurando que “Daré lo mejor para Uruguay, como siempre”.
La suspensión de la corredora de 33 años había sido aplicada el 1° de junio, poco después de que conquistara la medalla de oro en los 800 metros del Iberoamericano de Lima, Perú, el 31 de mayo, un logro que la convirtió en la atleta uruguaya con más medallas en la historia del certamen. El incidente que derivó en la sanción ocurrió durante la cena de la delegación uruguaya en Lima.
Según trascendió, Rodríguez confrontó al presidente de la CAU, Iván García, acusándolo de haberle «faltado el respeto» por no gestionar de manera «viable» el acceso de su entrenador, Andrés Barrios, a los hospedajes proporcionados por la organización local del evento. La atleta le recriminó a García su desempeño como presidente, especialmente en un momento crucial para su rendimiento y carrera, enfatizando que no permitiría que se inmiscuyera en su trabajo o su “salud mental”, ni que la desatendiera telefónicamente antes de una competición vital.
En respuesta, García consideró las expresiones de Rodríguez como una «falta de respeto» que no podía tolerar, recordándole la existencia de «jerarquías» dentro de la organización. Como consecuencia, el presidente decidió aplicarle una sanción preventiva, la cual amenazaba con dejarla fuera del Panamericano de Atletismo, programado del 29 al 31 de junio, para el que la atleta venía entrenando con el respaldo del Comité Olímpico Uruguayo (COU).
Ante esta situación, el Club Peñarol, al que representa Déborah Rodríguez, intervino, solicitando a García que reconsiderara su decisión. El club argumentó que los estatutos de la CAU no otorgan al presidente la facultad de tomar una determinación de tal magnitud de forma unilateral. Paralelamente, la atleta buscó la asesoría de su abogado, Pablo Ferrari, para encontrar una solución al conflicto antes de considerar acciones legales.
El esfuerzo conjunto rindió frutos este martes, cuando se confirmó el levantamiento de la sanción. Rodríguez compartió la noticia en sus redes sociales, anunciando: “Luego de la reunión con la CAU con mi abogado Pablo Ferrari, me confirma que se ha levantado mi suspensión y participaré en los Panamericanos de Medellín este mes”.
Además de reafirmar su compromiso con el país, la deportista dedicó palabras de profundo agradecimiento a Peñarol y a su comisión de atletismo. “Más que orgullosa de ser parte de Peñarol Atletismo que desde el primer momento me acompañaron incondicionalmente para remediar esta situación. ¡Su contención e incondicionalidad fue fundamental en todo este proceso! ¡Gracias Leo Viñas, Carmen y familia!”, expresó Rodríguez, destacando el apoyo recibido en un momento crítico de su carrera. El Dr. Pablo Ferrari también confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales, dando por superada la situación.
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Rurales
Conrado Ferber, expresidente del INAC, puso en entredicho el valor del pollo y denunció la influencia de un «lobby poderoso»
Conrado Ferber, quien anteriormente lideró el Instituto Nacional de Carnes (INAC), ha puesto en tela de juicio el posicionamiento de la carne aviar en Uruguay. Según Ferber, a diferencia de la mayoría de los mercados globales, el pollo en el país no cumple su rol de proteína económica y de fácil acceso, llegando la pechuga a cotizarse a valores similares a los de cortes vacunos. Esta situación anómala, explicó el expresidente del INAC durante la administración gubernamental previa, no obedece a la eficiencia productiva ni a la capacidad de conversión del animal. En cambio, atribuyó el fenómeno a una compleja red de intereses políticos y empresariales que han resguardado la industria avícola desde la fallida incursión exportadora hacia Venezuela.
En una columna de opinión publicada en el sitio agropecuario atomorural.com, Ferber destacó varios puntos críticos: la fuerte influencia de un grupo de presión, un mercado doméstico cautivo, encarecido y con una calidad debatible, y un nivel de precios tan elevado que ha impulsado un contrabando imparable desde Brasil. La cuestión central, planteó Ferber, es si Uruguay mantendrá un esquema que obliga al consumidor a abonar altos precios por un pollo de calidad incierta, o si optará por flexibilizar el mercado con normativas claras y estándares internacionales, buscando una verdadera transformación del sector y su proyección a nivel mundial, lo que permitiría un desarrollo genuino de esta actividad crucial para muchos, pero estancada por la protección actual.
**Los costos y peligros de la protección al sector avícola, por Conrado Ferber Artagaveytia**
En Uruguay, la carne de pollo no cumple con la expectativa de ser una proteína económica y accesible, característica en gran parte del mundo. La pechuga, por ejemplo, alcanza precios comparables a los de cortes de carne vacuna. Esta situación inusual no se explica por la eficiencia en la conversión del animal ni por la productividad del sector, sino por una estructura político-empresarial que ha resguardado la industria avícola desde el fracaso de las exportaciones a Venezuela, bajo el pretexto de facilitar su reconversión hacia mercados más exigentes.
Esta política de protección se manifiesta en la limitación de importaciones a solo el 5% del consumo nacional, la asignación de permisos mediante sorteo y una serie de requisitos técnicos que dificultan la entrada de productos extranjeros. Incluso, se ha acortado la vida útil del pollo congelado importado a diez meses, en contraste con el estándar global de doce. Consecuentemente, el pollo producido localmente se vende a valores apenas inferiores a los de la carne de res, lo que genera ganancias excepcionales o encubre deficiencias operativas.
Detrás de esta barrera se esconde un influyente grupo de presión. La industria avícola ha logrado justificar, con argumentos culturales, la omisión de inversiones en sistemas de enfriado y en certificaciones internacionales como HACCP. El resultado es un mercado sin competencia, de alto costo y con una calidad en entredicho, donde el consumidor asume el precio de la ineficacia de un modelo que no cumple con los requisitos de la mayoría de los mercados externos.
El elevado precio del producto tiene repercusiones que van más allá de lo económico. El contrabando de pollos desde Brasil se ha vuelto incontrolable, introduciéndose en condiciones sanitarias precarias. Aves transportadas sin la cadena de frío adecuada y sin controles de inocuidad terminan en canales informales, incrementando significativamente los riesgos para la salud pública. La contradicción es clara: la misma protección que encarece el producto facilita un peligroso circuito ilegal.
El riesgo económico es igualmente preocupante. Uruguay, con su abundancia de granos baratos y agua, posee condiciones óptimas para una avicultura moderna. La llegada de inversores con plantas automatizadas y estándares internacionales podría rápidamente superar a los operadores actuales, quienes, a pesar de haber invertido en infraestructura, mantienen un modelo poco competitivo. La industria nacional, apaciguada por la protección, podría quedar desfasada en poco tiempo. Resulta insostenible argumentar una presunta escasez de recursos, ya que, a través de exenciones fiscales (vía COMAP), se han realizado inversiones millonarias en silos y granjas propias, prescindiendo de los façoneros (criadores tercerizados), e incluso, las industrias han expandido su tamaño, pero siempre dentro del mismo esquema ineficiente y obsoleto.
La cuestión fundamental es si el país continuará respaldando un sistema que obliga al consumidor a pagar elevados precios por un pollo de dudosa calidad, o si se atreverá a abrir el juego, con normativas claras y alineadas con estándares internacionales, para transformar la industria y posicionar a Uruguay como un actor relevante en el mercado global. Esta consolidación es crucial para un sector del que dependen muchas personas, pero que, mientras permanezca resguardado, difícilmente podrá desarrollarse plenamente, manteniendo latentes los riesgos económicos, políticos y sanitarios.
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