El pasado 19 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento su propuesta de ley para impulsar la competitividad y disminuir el costo de vida. Esta iniciativa tiene como meta principal revitalizar la economía del país, facilitando la inversión y erradicando barreras administrativas. El texto legislativo, compuesto por 240 artículos, es el resultado de un extenso proceso de concertación social y técnica.
Entre las herramientas que introduce el proyecto se destacan la fusión de registros, la estipulación de plazos tope para la respuesta estatal, donde la falta de respuesta implicará aprobación tácita, y la completa digitalización de las gestiones comerciales. Asimismo, la medida amplía la validez de los registros sanitarios a una década y simplifica las exigencias de traducción, procurando una administración pública más eficiente para empresas y ciudadanos.
La propuesta legislativa pone un énfasis particular en aliviar la carga económica de los consumidores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Para el beneficio directo de la ciudadanía, se establece, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de mostrar el precio por unidad de medida. Adicionalmente, la ley busca fomentar la competencia desleal al simplificar la importación de múltiples unidades del mismo producto y concede mayor independencia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Paralelamente, se financiará un sistema unificado de gestión y facturación sin costo para respaldar el desarrollo de los pequeños comerciantes nacionales.
La iniciativa incluye también disposiciones relativas a la protección en el ámbito de la salud. Se plantea una revisión constante de procedimientos y requisitos con el fin de garantizar que cada paso administrativo aporte un valor genuino al objetivo de protección. El espíritu del proyecto subraya que una regulación eficaz no se define por la cantidad de trámites, sino por la consecución de resultados superiores.
Este paquete de reformas comenzará su trámite legislativo en el Senado, previo a su posterior consideración en la Cámara de Representantes. Al respecto, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, expresó que, si bien la ley de competitividad ostenta buenas intenciones, su implementación y aplicabilidad requerirán un análisis profundo.
Botana la describió como «una ley bien orientada, creo que es bueno desempapelar, alentar la exportación y la competencia, bajar el costo de vida. Es por donde hay que ir; esperemos que el gobierno vaya». No obstante, el senador señaló que, aunque la desburocratización estatal es un objetivo clave, la obligación de implementar guías de carga para las explotaciones agrícolas representa una medida contradictoria.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó que el objetivo de esta legislación es incrementar la competitividad, optimizar los trámites, impulsar las exportaciones e importaciones y, simultáneamente, reducir los costos. Castillo afirmó que «Ahora queda en manos del Parlamento el debate, la discusión y, en la medida de lo posible, mejorar los contenidos siempre», y agregó que la propuesta representa un avance crucial contra la burocracia.
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