La Caja de Profesionales (CP) entregó este martes al Poder Ejecutivo una propuesta actualizada y exhaustiva para asegurar la sustentabilidad financiera de la institución. El encuentro clave tuvo lugar con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y contó con la presencia del presidente de la CP, Andrés Pérez.
El objetivo central de esta nueva iniciativa, según Pérez, es «encontrar el humo blanco», es decir, alcanzar un consenso definitivo que aborde los puntos más críticos y onerosos del sistema actual. En particular, la propuesta busca mitigar el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las cápitas o copagos que, al ser impuestos por el Ministerio de Salud Pública, permiten a las mutualistas y aseguradoras generar cobros adicionales a los usuarios, elevando la carga financiera para los profesionales.
Pérez enfatizó que la entidad ha explorado «todas las opciones» posibles para su financiamiento antes de verse en la necesidad de implementar los controvertidos timbres a las consultas. Esta nueva batería de ideas incluye varias medidas estratégicas.
Entre las principales propuestas, se destaca la ampliación de la base de aportantes mediante la incorporación de nuevas profesiones al sistema. Asimismo, se plantea que todos los recién egresados, independientemente de su situación laboral (si son dependientes o ejercen de forma independiente), deban contribuir obligatoriamente a la Caja. En cuanto a la estructura de las contribuciones, se busca que estas reflejen de manera más precisa y equitativa los ingresos reales generados por los profesionales.
Adicionalmente, la Caja propone destinar una fracción específica del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los profesionales directamente a sus arcas. Otra medida de relevancia es que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aportado por los profesionales universitarios jubilados se redirija hacia la institución, en lugar de ser canalizado al Banco de Previsión Social (BPS).
El presidente de la Caja reiteró la frustración previa, recordando que «se manejaron una cantidad de opciones y como ninguna de ellas fructificó», lo que llevó al directorio a decidir la aplicación del «timbre», una medida que generó una fuerte polémica y fue impugnada.
Tras la extensa reunión, Pérez informó que Jorge Díaz se comprometió a llevar adelante conversaciones sobre el asunto tanto con Orsi como con los ministros correspondientes, señalando la apertura del Ejecutivo a analizar las alternativas planteadas.
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