En su tradicional encuentro anual del 23E, celebrado este 23 de enero de 2026 en la localidad de Gaetán, Lavalleja, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) lanzó una contundente advertencia: «el Uruguay se está apagando». La organización presentó un extenso listado de demandas al Estado, haciendo hincapié en una premisa clave: «No solicitamos la desaparición del Estado, sino que exigimos su eficiencia».
Este concepto fue uno de los pilares de la proclama leída por USU en la más reciente edición de su evento 23E, una movilización que congrega a sus seguidores cada 23 de enero desde 2018, fecha en que tuvo lugar su primera concentración en Santa Bernardina, Durazno.
La maestra Noelia Espinosa Zabaleta, de Casupá, fue la encargada de leer el documento que delineó las aspiraciones del movimiento: un Estado que «se enfoque en sus funciones esenciales, absteniéndose de intervenir en áreas que no le competen y que, en cambio, obstaculizan la producción y la cotidianidad de los ciudadanos». Se subrayó que una de estas responsabilidades fundamentales, «evidentemente desatendida en la actualidad», es la de asegurar la seguridad pública. USU señaló que, mientras la criminalidad prolifera impunemente en zonas rurales y urbanas, el ciudadano respetuoso de la ley se encuentra «asediado por tributos, sanciones y temor».
La elección de Gaetán, una localidad de Lavalleja cercana al emplazamiento de la proyectada represa de Casupá —obra gubernamental destinada a ampliar las reservas hídricas del área metropolitana—, no fue aleatoria. USU buscó visibilizar la situación de unas ochenta familias, muchos de ellos productores rurales, cuya subsistencia se ve comprometida. El documento de 2026 del movimiento expresó «solidaridad con los hogares del campo que ven su modo de vida amenazado por políticas que ignoran la realidad territorial». Se criticó la idea de «construir futuro a expensas de quienes laboran en el agro» y se calificaron las soluciones propuestas para el agua como «injustas, improvisadas y distantes de abordajes serios y duraderos».
Otro eje crucial de la denuncia fue la «constante merma de competitividad» del país. USU argumentó que el meollo del asunto no reside en la ausencia de voluntad, sino en esta sistemática pérdida. Se afirmó que Uruguay persiste como una nación costosa tanto para la inversión como para la residencia. Las tarifas, según el movimiento, «no reflejan la eficiencia, sino las carencias de recursos estatales». Esta situación eleva los costos de producción por encima de los de naciones vecinas, dificultando el acceso a mercados internacionales. Además, los elevados gastos energéticos afectan tanto las finanzas domésticas como el precio final de los bienes, exacerbando el costo de vida y contribuyendo al aumento de la pobreza. La diferencia entre los costos internos y el valor global de la producción, se destacó, «ahoga la rentabilidad de las exportaciones y del comercio interno».
El movimiento criticó la «economía indexada» de Uruguay, donde «la mayoría de los precios escalan al compás del Estado, dejando a productores, comerciantes y exportadores en una encrucijada entre valores internacionales inmanejables y costos internos en constante ascenso». Respecto al déficit fiscal, USU enfatizó que su solución no pasa por «incrementar la carga impositiva al sector privado, sino por la eficiencia». Propugnó una «reforma estructural que disminuya el gasto de la maquinaria política y administrativa del Estado», señalando que «cada gestión superflua, cada habilitación ilógica y cada normativa anticuada constituyen gravámenes ocultos que merman el tiempo productivo y obstaculizan la capacidad de innovar».
En este panorama, USU lamentó que «conflictos mal gestionados y actitudes intransigentes» hayan acarreado «graves repercusiones»: el descarte de productos lácteos, la interrupción de faenas, la inactividad portuaria y el aislamiento del país. El desenlace, se afirmó, es invariablemente el mismo: «negocios que quiebran, puestos de trabajo que desaparecen y un Uruguay cautivo de confrontaciones estériles». Como contrapunto, el movimiento destacó el «ejemplo histórico» del sector pesquero. Esta industria, que superó una severa crisis, consiguió recuperarse de una situación crítica gracias a la «cooperación entre trabajadores, empresarios y la comunidad en general». Se probó así que «el diálogo, la responsabilidad y la colaboración» son claves para la superación. Este enfoque, según USU, es el que deben adoptar otros sectores productivos para asegurar su continuidad.
USU reiteró la alarma de que «Uruguay se está apagando», atribuyéndolo a la «ausencia de oportunidades que incentiven a los jóvenes a permanecer en sus localidades o, incluso, en el propio país». La migración de extranjeros que habían elegido Uruguay, según el movimiento, es una «señal alarmante que no puede ser desatendida». En este declive del futuro, la educación emerge como una «preocupación central» que el país debe abordar. La portavoz de la proclama enfatizó que «no puede haber desarrollo sin que los niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo», ni «igualdad de oportunidades sin una instrucción de calidad». Además, sostuvo que «la seguridad sostenible es inviable si generaciones enteras carecen de los medios para insertarse en el ámbito laboral y social». Para USU, «la educación constituye la política social, de seguridad y productiva más importante de la nación». Se añadió que «cada joven que abandona la educación representa un fracaso colectivo y una ocasión desaprovechada para el porvenir de Uruguay», y que «la defensa de la educación no es un mero lema ideológico, sino una obligación nacional con las futuras generaciones y con el país en su totalidad».
En este marco, se hizo hincapié en la necesidad de «infraestructura vial, puentes y conectividad digital que verdaderamente unan al interior profundo con los principales centros de consumo y las vías de exportación». Se exigió que «el presupuesto se traduzca en servicios de salud y educación de alta calidad distribuidos por todo el territorio, en lugar de concentrarse en oficinas capitalinas». USU también reafirmó su postura de «no buscar privilegios», sino «reglas de juego transparentes y estables», ya que «las condiciones impositivas o laborales no deben modificarse a mitad de camino». La previsibilidad a largo plazo para la inversión fue otro punto crucial, junto con la «seguridad, para proteger el trabajo y la propiedad», argumentando que «sin garantías jurídicas y físicas, la inversión resulta inviable».
Finalmente, el movimiento lanzó un desafío a los legisladores y jerarcas gubernamentales, proponiendo un «compromiso nacional para reducir estructuralmente el ‘costo país'». Subrayaron que «este no es un asunto partidario, sino una cuestión de supervivencia nacional», y que, para asegurar el futuro de Uruguay, «la carga debe distribuirse equitativamente». USU exigió que «el sector público se someta a los mismos rigurosos ajustes a los que se ve forzado el sector privado cada mes». Concluyeron anunciando que «interrogarán a cada legislador, representante popular y ministro sobre sus acciones para aliviar la presión sobre el Uruguay productivo, y harán públicas sus respuestas o su ausencia de ellas».
La proclama completa de Un Solo Uruguay puede consultarse en el documento adjunto.
Fuente: Enlace Original