TÍTULO: Asti, vicepresidente de Jutep, ratifica fallo sobre Arbeleche y subraya que debió abstenerse de firmar resolución
CUERPO:
Alfredo Asti, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), se pronunció este viernes acerca del expediente y la reciente resolución sobre la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La Jutep, con dos votos a favor y uno en contra, dictaminó que Arbeleche «transgredió normas de conducta en la función pública» al conceder beneficios fiscales a una compañía vinculada a su esposo.
Según Asti, la denuncia se originó en 2023, pero el directorio previo de la Jutep no emitió una resolución. Asti explicó que «se siguió el proceso correspondiente a través de la asesoría jurídica de la Jutep», la cual, en marzo de 2025, produjo un dictamen desfavorable para la exministra, concluyendo que «había infringido artículos del Código de Ética».
El informe legal inicial fue divulgado bajo el nuevo gobierno, aunque la integración del directorio de la Jutep en ese momento aún correspondía a la administración anterior. La renovación de las autoridades de la junta comenzó en junio de 2025, y en diciembre pasado, se solicitó a la misma asesoría jurídica, cuya composición se ha mantenido intacta desde el inicio, que emitiera el dictamen definitivo del caso. Asti señaló que los argumentos de defensa presentados por Arbeleche respecto al cumplimiento del Código de Ética fueron desestimados por los asesores jurídicos.
El vicepresidente de la Jutep mencionó que, a petición de Luis Calabria, representante de la oposición en el directorio, el análisis del informe jurídico se postergó hasta febrero. Posteriormente, la mayoría de los miembros letrados del directorio decidió redactar un dictamen final basándose en el informe emitido por los asesores jurídicos de la junta. En su justificación de voto, Asti argumentó que «existió una desviación de la norma de derecho».
Según el vicepresidente de la Jutep, el informe indica que Arbeleche tenía la obligación de informar al presidente de la República, su superior jerárquico, sobre la situación y abstenerse de intervenir en la decisión. De esa forma, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas debería haber sido quien resolviera y firmara el documento, «una acción que desconocemos por qué no se llevó a cabo», expresó.
Como parte de su defensa, Arbeleche alegó que, al existir una aprobación previa de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), no podía negarse a rubricar la resolución. No obstante, Asti citó precedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que establecen que el rol de la Comap es meramente asesor y sus decisiones no son vinculantes, recayendo la potestad final en el Poder Ejecutivo. «Por consiguiente, en esta situación, la ministra tomó la determinación final cuando, de acuerdo con el Código de Ética, no debió haberlo hecho», aseveró Asti.
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