El diputado Carlos Rodríguez, del Frente Amplio, enfatizó que el aspecto más relevante de la comparecencia ministerial fue la aclaración sobre la participación de militares en la prevención del delito, un punto central de debate previo. Rodríguez afirmó que el ministerio «estableció con total claridad» que no se utilizarán efectivos militares de forma directa en el combate a la delincuencia. En su lugar, se implementará un convenio que habilita al Ministerio del Interior a emplear vehículos blindados del Ministerio de Defensa, cuyo propósito es resguardar al personal policial en sus operativos. El legislador añadió que esta clase de vehículos se utilizan para funciones policiales en diversas partes del mundo.
Por su parte, diputados de la oposición manifestaron su gratitud a la ministra Lazo por la información detallada acerca de la colaboración con la Policía para el patrullaje, pero cuestionaron la manera en que el ministro del Interior, Carlos Negro, comunicó el tema inicialmente. Gabriel Gianolli, diputado del Partido Nacional, sostuvo que la ministra Lazo manejó la situación con gran seriedad desde el comienzo, mientras que el ministro Negro actuó con «irresponsabilidad». Gianolli criticó la «pésima comunicación del gobierno», declarando que «la montaña parió un ratón» y que esto «no modificará en absoluto la política de seguridad», atribuyendo la medida a la falta de blindados de la Guardia Republicana. El representante nacionalista subrayó la necesidad de una base legal que autorice a los militares a operar en dichos vehículos.
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