Un informe reciente, encargado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y elaborado por la firma Bryant Christie Inc. (BCI), ha alertado sobre los peligros que las propuestas de la Unión Europea (UE) para endurecer la normativa sobre límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas representan para el sector agroexportador del continente americano. Este estudio, titulado «Evaluación del impacto de las restricciones de la UE en materia de LMR sobre las exportaciones agroalimentarias de las Américas», subraya la inminente amenaza para el comercio agrícola de la región con el bloque europeo.
La investigación cuantifica que un volumen de negocio agroalimentario que asciende a 44.200 millones de dólares anuales está directamente expuesto a estas potenciales modificaciones regulatorias. De este monto, 29.700 millones de dólares corresponden a Sudamérica, 10.800 millones a Norteamérica, 4.810 millones a Centroamérica y 427 millones a las naciones del Caribe.
Al analizar los países individualmente, Brasil se posiciona como el más vulnerable, con un estimado de 15.400 millones de dólares en riesgo anualmente. Le siguen Estados Unidos con 7.680 millones, Argentina con 4.620 millones, Perú con 2.840 millones, Canadá con 2.000 millones, Colombia con 1.970 millones, Chile con 1.830 millones, Costa Rica con 1.630 millones y Ecuador con 1.260 millones de dólares.
El informe detalla una lista de productos y países particularmente susceptibles a las nuevas limitaciones. Entre ellos se encuentran la soja, el café, los cítricos y el maíz de Brasil; los frutos secos y cereales de Estados Unidos; los subproductos de soja, el maní, las semillas de girasol y los cítricos de Argentina. De Perú, se mencionan el aguacate, el café, las bayas, la uva, el mango y los espárragos. Costa Rica podría ver afectadas sus exportaciones de piña y banano; Honduras, su café y aceite de palma; y la República Dominicana, su banano, cacao y mango.
Las implicaciones concretas de estos cambios, según el documento, estarán condicionadas por múltiples factores. Estos incluyen las prácticas actuales de uso de pesticidas, los niveles de residuos presentes en los productos destinados a la exportación, la existencia de alternativas eficaces para la protección de cultivos, la flexibilidad de los productores para adaptarse a nuevas exigencias y la posibilidad de acceder a mercados de exportación diferentes.
El análisis se centra en las potenciales repercusiones del paquete normativo denominado «Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos», impulsado por la Comisión Europea y conocido coloquialmente como Ómnibus X. Este conjunto de medidas, según lo señalado por el IICA, busca implementar «normas más rigurosas en relación con los residuos de pesticidas en los bienes agrícolas importados».
El IICA advierte que las modificaciones contempladas por la UE podrían significar una drástica reducción de los LMR para ciertas sustancias activas de pesticidas, llevándolos incluso al límite de cuantificación. Esto ocurriría a pesar de que los límites actuales estén validados por estándares internacionales como el Codex Alimentarius o por evaluaciones de riesgo realizadas por las naciones exportadoras. Tal escenario forzaría a los países a reajustar sus estrategias de control de plagas, modificar sus prácticas productivas y el uso de insumos, lo que implicaría un incremento considerable en los costos de producción.
El informe, desarrollado por Bryant Christie Inc. (BCI) para el IICA, sugiere como vía de acción la realización de evaluaciones complementarias y detalladas para cada país. Estas deberían contar con la activa participación de los productores y las industrias agrícolas, con el objetivo de analizar exhaustivamente el uso de pesticidas, los registros de residuos, las opciones de productos alternativos y los gastos asociados a la adaptación a las nuevas exigencias regulatorias.
Muhammad Ibrahim, director general del IICA, enfatizó la misión del instituto: “Nuestra finalidad es ofrecer a los países información técnica robusta que sirva de base para decisiones bien informadas y un intercambio constructivo, al mismo tiempo que impulsamos la implementación de acciones basadas en la evidencia científica y en estándares globales para proteger el comercio agropecuario y la seguridad alimentaria a nivel planetario”.
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