La Cámara de Diputados dio su aprobación este martes, con el respaldo unánime de los 92 legisladores presentes, a la extensión por un máximo de dos años de la supervisión estatal que pesa sobre el Casmu. Esta decisión ya había sido adoptada de forma unánime por el Senado el pasado lunes.
La luz verde parlamentaria se concretó gracias a un consenso alcanzado entre las bancadas oficialistas y opositoras. Sin embargo, los artículos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que hacían referencia a un nuevo acceso de la prestadora de salud al fondo de garantía, por una suma aproximada de 122 millones de dólares, así como las modificaciones a su estructura de gobernanza, fueron desgajados del texto principal y retornan a la Comisión de Salud, la cual integra también a Hacienda de diputados y senadores.
La votación sobre el punto que habilita el acceso al fondo de garantía, valuado en 742.543.719 unidades indexadas (equivalentes a unos 4.920 millones de pesos, más los mencionados 122 millones de dólares), quedará supeditada a que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento una serie de documentos. Entre estos se incluyen: el plan de reestructuración del Casmu, los informes de los interventores correspondientes a los años 2025 y 2026, las metas y reportes trimestrales, los estados contables de los dos últimos ejercicios, la nómina de acreedores parabancarios con sus montos y titulares de los últimos tres años, un listado de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco ejercicios, y las auditorías realizadas durante el último quinquenio.
Los parlamentarios se comprometieron a aprobar el acceso a dicho fondo de garantía en un plazo máximo de 15 días una vez recibida la totalidad de la información requerida al Ejecutivo. Adicionalmente, se acordó la elaboración de informes trimestrales que monitoreen la reestructuración y el cumplimiento de las metas establecidas, los cuales serán remitidos a las Comisiones de Salud del Senado y de Diputados.
En agosto de 2024, Casmu ya había hecho uso de este fondo de garantía, establecido en 2008 para instituciones de asistencia médica con dificultades financieras, recibiendo en aquella ocasión más de 2.000 millones de pesos. Actualmente, la mutualista atiende a aproximadamente 171.000 afiliados.
La institución ha estado bajo intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) sin desplazamiento de sus autoridades desde hace dos años. La prórroga anterior, decretada el 29 de julio de 2025, expira este miércoles 29 de julio. El reciente acuerdo habilita una extensión de la supervisión por dos años adicionales, aunque el asunto volverá a ser analizado por el Parlamento al cumplirse el primer año para ratificar o no el segundo período.
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