El legislador Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, expresó su desacuerdo con la iniciativa del Frente Amplio (FA) en el Senado para establecer una comisión preinvestigadora sobre el acuerdo con Cardama para construir dos patrullas oceánicas. Rodríguez, refiriéndose a que la coalición de izquierda posee mayoría parlamentaria en la cámara alta, afirmó que la decisión se tomó sin previo aviso a los coordinadores de las bancadas opositoras. «Es habitual que en estas situaciones, los coordinadores de los distintos partidos al menos envíen un mensaje, una notificación o realicen una llamada», señaló.
Según Rodríguez, la propuesta del oficialismo no siguió los conductos de comunicación usuales, y describió la acción del Frente Amplio como «precipitada». «La ruptura de los canales de diálogo y los lazos de comunicación no ocurre por azar», manifestó. Añadió que «cuando se aboga por el diálogo, que este tipo de acciones se realicen sin una comunicación previa nunca es constructivo».
La comisión preinvestigadora por el contrato con el astillero español fue aprobada en el Senado a pedido del FA, con una primera reunión de legisladores programada para este miércoles. El senador frenteamplista Sebastián Sabini impulsó la formación de esta instancia, argumentando la existencia de «elementos suficientes» que justifican una investigación profunda. Señaló que el pago de 30 millones de dólares por las patrullas oceánicas representa «un daño significativo para el Estado uruguayo».
Sabini detalló irregularidades como la aceptación de dos garantías inejecutables, una de las cuales se verificó como fraudulenta. El legislador destacó la seriedad de acciones como haber validado la cuaderna maestra de la embarcación antes de su arribo, lo cual permitió efectuar pagos, además de otros procesos que evidencian la incapacidad de la empresa Cardama para satisfacer los términos del acuerdo, el cual ahora está bajo escrutinio de la preinvestigadora.
El senador Sabini manifestó la intención de que se examine minuciosamente la totalidad del proceso comercial con el astillero español. «No objetamos que la investigación pueda derivar en la rescisión del contrato», afirmó.
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