La firma naval española Cardama ha presentado una solicitud de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, motivada por la rescisión del contrato para la fabricación de patrulleras oceánicas. Ante esta situación, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el gobierno se encuentra «con mucha tranquilidad» al considerar que el proceso se desarrolló «apegado al derecho».
Sánchez calificó la petición de Cardama de recurrir a un tribunal internacional como «bastante débil», argumentando que «uno tiene que agotar la vía nacional primero». El secretario recordó que, en marzo, el astillero había decidido retirarse de una instancia de conciliación judicial en Uruguay, en la cual buscaba una compensación económica por la anulación del acuerdo. Además, la empresa no interpuso recurso contra la propia rescisión.
«Yo creo que no la recurrió porque el Estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad», explicó Sánchez. El jerarca señaló una diferencia con la administración anterior, indicando que «la preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa y si podía presentar una garantía en tiempo y forma». Por ello, el Ejecutivo afronta la situación «con mucha tranquilidad».
Finalmente, Sánchez enfatizó: «Naturalmente, está en su derecho de buscar el espacio que entienda necesario, pero de alguna manera estamos muy tranquilos porque el camino que recorrimos fue muy apegado al derecho nacional».
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