La comisión bicameral, que examina el acuerdo del Estado uruguayo con Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, avanza en su labor. Se enfoca inicialmente en las gestiones de los gobiernos del Frente Amplio (2010-2020), para luego analizar la firma y posterior rescisión del contrato durante la administración Lacalle Pou.
El senador oficialista Eduardo Brenta se refirió al proceso durante las administraciones frenteamplistas. Aseguró que en el mandato de Mujica se iniciaron gestiones, pero en el segundo de Vázquez, según Pablo Ferreri (exsubsecretario de Economía), hubo un repliegue económico y otras prioridades.
Brenta señaló contactos del Ministerio de Defensa de entonces, pero sin asignación presupuestal para la compra. La firma con Cardama se concretó con Lacalle Pou. El frenteamplista afirmó que el monto hacía inviable la operación, revelando situaciones «escasamente claras, bastante turbias» en valores y procedimientos.
Desde el Frente Amplio, Brenta instó a la Fiscalía a investigar el caso y comenzar con las citaciones para las declaraciones iniciales.
Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que el Frente Amplio «perdió el tiempo» y las «oportunidades» de adquirir patrulleras oceánicas durante su gobierno (2015-2020).
Abdala defendió la transparencia del proceso en la administración Lacalle Pou, indicando que «el precio de Cardama en aquel momento era el precio más ventajoso para el país».
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