La Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL) ha formulado un pedido explícito al gobierno nacional y a OSE para que se detenga cualquier progreso administrativo relacionado con la construcción de la represa de Casupá. La solicitud se mantendrá vigente «hasta que se establezca una comisión tripartita —integrada por el Estado, los productores y las gremiales— con capacidad de decisión sobre las consecuencias» del proyecto.
Casupá, una localidad de Florida cercana a las fronteras con Lavalleja y Canelones, se asienta sobre el arroyo Sauce de Casupá, a 110 kilómetros de Montevideo, y es el epicentro de esta preocupación.
En un comunicado oficial, firmado por su comisión directiva presidida por Ana Pombo, la gremial manifestó su intención de «respaldar activamente a cada productor afectado en la cuenca de Casupá, brindándoles apoyo tanto gremial como jurídico». Además, buscaron «alertar a la opinión pública sobre la premisa de que el progreso sin producción constituye un retroceso», argumentando que «el suministro de agua para la población y la producción de alimentos no deben ser metas contradictorias».
Esta postura de los productores de Lavalleja coincide con la expresada por la Asociación Rural de Florida (ARF), que previamente denunció que el diseño actual de la obra de la represa de Casupá genera una serie de «problemáticas críticas» para la región, que abarca zonas de Florida, Lavalleja y Canelones.
El documento, enviado el pasado martes 14, subraya que Lavalleja no es un mero «espacio desocupado para proyectar obras», sino «un suelo fértil donde se desarrollan actividades productivas esenciales como la cría, recría, invernada, agricultura y tambos». Estas actividades, agregan, «sostienen a cientos de familias y representan una parte significativa del 28% del Producto Bruto Interno (PBI) que el sector agropecuario aporta al país». Se advierte que «la pérdida de suelo productivo de alta calidad es irreversible y no puede ser compensada por obras civiles».
Finalmente, entre sus consideraciones, la SAL critica que «hasta la fecha no existe un análisis público y auditado que cuantifique las hectáreas productivas que se perderán, el volumen de producción anual que dejará de generar el país y un plan concreto para la continuidad de las familias damnificadas». Concluyen que «sin esta información, cualquier avance significa tomar decisiones a ciegas y pasar por alto aspectos cruciales».
Fuente: Enlace Original