El exministro de Defensa Nacional, Javier García, compareció este lunes ante la comisión parlamentaria que investiga la adquisición de lanchas patrulleras al astillero Cardama. En sus declaraciones a la prensa, García aseguró que el Ministerio de Defensa contó con el asesoramiento jurídico del Estudio Delpiazzo y que en ningún momento se barajó la posibilidad de que la garantía asociada a la compra resultara irregular.
El exjerarca describió el proceso como extenso y legalmente respaldado, con el objetivo primordial de subsanar la desprotección marítima del país que se arrastraba por más de dos décadas, permitiendo que «quienes roban nuestros recursos naturales y la pesca y los narcotraficantes transitaran por ella como quisieran». Aseguró que, de no haberse interpuesto «criterios políticos menores», la primera patrullera ya estaría en Uruguay a finales de este año. Insistió en que la validez de la garantía siempre se dio por sentada, sin ninguna sospecha de falsedad, y que todo lo dicho está en actas.
La próxima semana se espera la presencia del exministro Armando Castaingdebat, seguido por la actual titular de Defensa, Sandra Lazo.
No obstante, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, cuestionó las afirmaciones de García sobre la fundamentación técnica de las decisiones. Garlo señaló que no se ha esclarecido por qué el Ministerio de Defensa, entre 2022 y 2023, ignoró las recomendaciones de la comisión técnica de la Armada, la cual había establecido más de ochenta requerimientos para la selección de un astillero en la adquisición de patrulleros oceánicos. Alertó sobre una drástica reducción de esos requisitos, pasando de ochenta en 2022 a solo tres en 2023. El diputado manifestó haber consultado si esta disminución estaba relacionada con el hecho de que la oferta de Cardama hubiera dado inicio al proceso de compra en 2023, una pregunta que, según él, no obtuvo respuesta.
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