La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) ha interpuesto un recurso de amparo con el objetivo de suspender las prospecciones sísmicas en el mar, una actividad autorizada por el Ministerio de Ambiente a las empresas dedicadas a la exploración petrolera offshore en el país. Este proceso, que utiliza técnicas para identificar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo marino, es el centro de la disputa.
La fase de prospección sísmica programada para 2026 se deriva de contratos establecidos entre Ancap y las compañías petroleras durante el periodo 2022-2024. Cabe recordar que tareas de exploración similares, e incluso de mayor escala, ya se llevaron a cabo en la región entre 2012 y 2017, con antecedentes previos en 1982 y 2002.
La solicitud de la Inddhh busca el cese inmediato de esta etapa. Mariana Mota, presidenta de la institución, aclaró que la acción legal está dirigida contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap y las empresas petroleras involucradas. Mota explicó que el recurso se fundamenta en una vasta recopilación de información que evidencia los «daños o el impacto ambiental» que generan estas actividades. «Este impacto no es negado por nadie, es evidente y las propias empresas lo reconocen», enfatizó. Si bien las compañías proponen estrategias de mitigación, la Inddhh las considera «insuficientes». Mota añadió que «la mitigación no implica la ausencia de daño, sino que el daño ocurrirá efectivamente, y la cuestión es cuál será el costo de esa actividad».
El documento presentado detalla que la prospección utiliza cañones de aire comprimido, remolcados por embarcaciones, que emiten detonaciones de entre 250 y 300 decibeles. Este ruido puede propagarse a través de un área que supera los 300.000 kilómetros cuadrados, y sus reflejos son captados por sensores para recolectar datos. La Justicia dispone de un plazo de tres días para fijar una audiencia.
El gobierno no ha emitido comentarios recientes sobre este recurso específico. Sin embargo, en instancias anteriores, ha mencionado haber duplicado las medidas de protección de la fauna marina, priorizando el cuidado de especies como ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas, y estableciendo que las operaciones no deben realizarse a menos de mil metros de estos animales.
**Antecedente Judicial**
Previo a esta acción, en noviembre de 2025, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma habían presentado una medida cautelar de no innovar con el fin de detener la prospección sísmica y la exploración petrolera en aguas uruguayas. El pasado miércoles, la Justicia se pronunció al respecto. El juez Federico Tobia dictaminó que el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno carece de competencia para entender en la cautelar impulsada por las organizaciones ambientalistas.
Según un comunicado de las agrupaciones, «la decisión judicial no examinó el fondo de la pretensión. No se pronunció sobre la posible ilegalidad de los contratos impugnados, no evaluó su compatibilidad con el artículo 47 de la Constitución, la Ley 17.283, la Ley 19.128, ni consideró la existencia de riesgo ambiental o la aplicación del principio precautorio». Las organizaciones subrayaron que «la resolución se limitó exclusivamente a declarar que la cuestión debería ser tramitada ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
En respuesta a este fallo, las organizaciones reiteraron su intención de perseguir la nulidad absoluta de los contratos firmados por Ancap con las petroleras, argumentando que estos tienen causas y objetos ilícitos al contravenir normativas constitucionales y ambientales. A través de sus redes sociales, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay declaró: «Hoy, el juez Tobia se declaró incompetente para decidir sobre la medida cautelar presentada en noviembre y que fue admitida por el mismo juzgado. Esta falta de justicia se suma al sostenido impedimento de acceder a la información en el Observatorio Ambiental Nacional. Apelaremos la sentencia del juez Tobia. Vamos por la nulidad absoluta de los contratos».
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