TÍTULO: Díaz detalla el fin del contrato con Cardama: «En ningún momento hubo intención de sustituir la garantía»
CUERPO:
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ofreció declaraciones este viernes, analizando la determinación del ejecutivo uruguayo de finalizar administrativamente el vínculo contractual con el astillero Cardama. La medida, según Díaz, se fundamenta en los «graves incumplimientos jurídicos» que la compañía ha perpetrado a lo largo del tiempo.
En diálogo con Subrayado, el jerarca abordó la transgresión relacionada con la no presentación de una fianza de cumplimiento fiel y la entrega de documentación que resultó ser falsa, configurando una «violación flagrante del acuerdo». Subrayó que la empresa «no solo presentó una garantía de naturaleza apócrifa, sino que tampoco cumplió con su obligación de mantenerla vigente durante la duración del contrato».
Díaz explicó que Cardama fue notificada sobre la falsedad de la garantía, recibiendo también la resolución al respecto y la advertencia de que se procedería con la denuncia penal. En este contexto, el prosecretario afirmó: «En ningún momento, hubo por parte del astillero una intención de una presentación formal de la sustitución de esa garantía». El funcionario destacó que el astillero nunca formalizó la entrega de otra garantía, enfatizando que «hasta el día de hoy el Estado uruguayo no tiene garantía de fiel cumplimiento».
Respecto a la fianza de reembolso financiero, diseñada para asegurar que los fondos estatales entregados al astillero se destinen efectivamente a la edificación de las dos patrulleras oceánicas, el gobierno concluyó que la documentación aportada por Cardama no constituía una póliza válida. «Al consultar a los asesores legales de la aseguradora, nos confirman la existencia de una póliza, pero aclaran que el documento presentado no es dicha póliza. Cuando solicitamos la póliza auténtica, se nos entregó un documento totalmente distinto al que ellos habían provisto inicialmente. Es decir, teniendo la póliza real, el astillero adjuntó otro documento que nada tenía que ver con ella y que, además, parece no ajustarse a la cláusula contractual que permite su reducción únicamente con la entrega de la primera embarcación», detalló Díaz.
El prosecretario añadió que la aseguradora había solicitado a Cardama una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros. De la revisión documental, surge que «esos 3 millones de euros en realidad se cubrieron con dinero del Estado uruguayo, a través de tres pagos de cerca de 1 millón de euros que coinciden con el cumplimiento de los hitos. Esto significa que al cumplirse un hito y realizar el Estado uruguayo el pago, el astillero transfería un millón de euros a la reaseguradora», precisó. «Parecería que una porción de los fondos destinados a la construcción de las naves terminó utilizándose para establecer una contragarantía», puntualizó.
Díaz remarcó que el acuerdo con Cardama, un contrato de suministro enmarcado en el TOCAF, se anula administrativamente por incumplimiento grave, conforme al artículo 70. «Por lo tanto, a partir de la notificación de hoy, el contrato deja de existir», sentenció.
En cuanto a la audiencia de conciliación programada para el 16 de marzo, Díaz indicó que la citación corresponde al Ministerio de Defensa Nacional y no a la Presidencia. Desde su perspectiva como abogado, consideró que la audiencia sería «carente de objeto» debido a la ya inexistente relación contractual tras su rescisión. «El Estado uruguayo ya ha tomado una determinación», reiteró.
El prosecretario sostuvo que la resolución fue debidamente comunicada al astillero, recordando que hubo un proceso administrativo en el que Cardama fue notificada de los actos y se le concedió vista en dos ocasiones para que presentara sus respuestas, las cuales, según Díaz, no se vincularon con los puntos específicos que se le estaban planteando.
Consultado sobre las críticas de la oposición, que califican la decisión como política, Díaz enfatizó que se basa en fundamentos jurídicos y técnicos. «Lo que la oposición ha planteado desde hace varios días es una especie de debate político. El debate político se llevará a cabo, como corresponde, en el Parlamento», afirmó.
El funcionario presidencial delineó cuatro ámbitos de responsabilidad: la política, que corresponde al Parlamento, donde eventualmente se constituirá una comisión investigadora; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la administrativa, que refiere a posibles investigaciones internas, como las ya cerradas del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, y la del Ministerio de Defensa Nacional, aún pendiente; y la civil, que iniciará con la demanda del Estado uruguayo contra Cardama por los daños y perjuicios sufridos y para la recuperación de los aproximadamente 28 millones de euros invertidos.
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