A raíz del sonado caso que involucra al edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, y la subsecuente revelación de falencias en el sistema de contrataciones de la Junta Departamental, la bancada nacionalista ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas para modificar el modelo actual. La situación se desencadenó con la condena por lavado de activos de uno de los asesores de Gómez, a lo que se sumó la confesión pública del legislador sobre la contratación de Pablo Leiva, quien percibía honorarios sin desempeñar tareas asignadas.
En el transcurso de esta semana, el bloque de ediles del Partido Nacional llevó a cabo un encuentro con profesionales del derecho y técnicos especializados para estudiar en profundidad la operatividad del sistema vigente. Como resultado de este exhaustivo análisis, tanto político como técnico, se han articulado tres propuestas fundamentales.
La primera de ellas plantea una disminución en la cantidad de asesores por edil, reduciéndola de cinco a dos. Según esta propuesta, la agrupación política correspondiente sería la encargada de sugerir las designaciones, pero sería la Junta Departamental quien se encargaría de la formalización de los contratos y del pago directo a cada asesor.
La segunda iniciativa habilita a los ediles a renunciar por escrito a su asignación presupuestaria individual, de modo que esos recursos se transfieran al partido, que asumiría la gestión de la contratación de los asesores.
Por último, la tercera propuesta establece la creación de una asignación institucional para las bancadas, la cual sería distribuida equitativamente en proporción al número de ediles que compongan cada una.
Ahora, se espera que los ediles del oficialismo examinen estas propuestas y presenten una postura al respecto.
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